¿Cómo afecta al consumidor el nuevo ‘canon digital’?

Desde el 1 de agosto está en vigor el nuevo modelo de ‘canon digital’, incluido en el Real Decreto-Ley 12/2017 de 3 de julio que modifica el texto de la Ley de Propiedad Intelectual. Establece un sistema de compensación por la realización de copias privadas de obras literarias, musicales o de imagen en soportes no tipográficos.

En definitiva, es una tasa que se aplica a dispositivos tecnológicos que cuenten con la capacidad de grabación, cuya recaudación se destina a los autores o entidades que gestionan sus derechos de propiedad intelectual.

Antes de la introducción de esta reforma legislativa, el modelo de compensación estaba financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Ahora, se vuelve al modelo inicial de hace unos años y el pago pasa a ser sufragado por fabricantes y distribuidores de equipos y soportes de reproducción. La consecuencia inmediata es que aumentarán los costes y, previsiblemente, los fabricantes podrían repercutir este incremento a los consumidores en el precio final.

En la nueva regulación, se establece un gravamen de 1,1 euros para los teléfonos móviles que tengan la funcionalidad de reproducir vídeos y sonidos. Para las tabletas, el canon se fija en 3,15 euros, mientras que para reproductores de vídeo y sonido serán 5,45 euros (6,45 para los reproductores no integrados). Para las memorias USB y discos duros, se aplicarán 24 céntimos, mientras que para los discos compactos de reproducción mixta será de entre 8 y 28 céntimos.

En el caso de impresoras, el canon podrá llegar hasta 5,25 euros, mientras que las grabadoras de discos estarán gravadas con una cantidad entre 0,33 y 1,86 euros. A los ordenadores, móviles y tabletas no se les aplicará más de una cantidad.

Como novedad, esta regulación introduce alguna excepción, por la que se podría reproducir el reembolso del canon al consumidor si este justifica que el equipo adquirido se destina a un uso exclusivamente profesional, o si la adquisición es para exportación o entrega intracomunitaria.

De momento, la aplicación es provisional, ya que el Real Decreto-Ley remite a un futuro desarrollo normativo.