La obsolescencia programada, una práctica polémica con un alto coste a largo plazo

Como consumidores, a veces tenemos la sensación de que algunos productos, especialmente en el sector de la tecnología doméstica y de los electrodomésticos, tienen una vida útil escasa. El motivo puede ser la obsolescencia programada.

Por este concepto podemos entender una práctica industrial que conlleva un diseño de productos en el que ya está calculada de antemano la vida útil, es decir, el momento en que pueden quedar obsoletos por nuevos avances, averiarse o quedar inservibles por falta de repuestos.

Es el caso, por ejemplo, de un ordenador con unas determinadas prestaciones y capacidad de almacenamiento. La evolución imparable y rápida de las tecnologías de hardware, a la par que el cada vez más complejo desarrollo de programas y aplicaciones – que a su vez requieren de más recursos del ordenador para su manejo – dan lugar a que en muy pocos años se tenga que plantear la renovación de este dispositivo, sin contar con que no haya fallado algún componente con anterioridad.

Una derivada de la obsolescencia programada tiene que ver con el medio ambiente. La obsolescencia programada provoca para el entorno una necesidad mayor de recursos y la generación de más cantidad de residuos, algunos de complicado tratamiento o reciclaje.

Este asunto, que no tiene un reconocimiento público, crea polémica entre consumidores y fabricantes, y ya hay iniciativas legislativas en algunos países y en el marco de la Unión Europea que buscan luchar contra una práctica que causa perjuicios económicos a los consumidores en el largo plazo –la Fundación FENISS calcula una cifra de 50.000 euros para una familia de cuatro miembros- y un deterioro del medio ambiente.

El fin de estas legislaciones es promover un desarrollo más sostenible y una mayor protección de los consumidores, así como la participación y el compromiso formal de las empresas fabricantes para la consecución de estos objetivos.